Los menores expuestos a violencia de género serán reconocidos como víctimas

Los menores expuestos a una situación de violencia de género serán reconocidos, al igual que sus madres, como víctimas y los jueces estarán obligados a pronunciarse sobre las medidas cautelares que afecten a hijos de mujeres maltratadas.Así lo recogen los proyectos de Ley de Protección a la Infancia y a la Adolescencia aprobados hoy por el Gobierno que establecen, asimismo, que los menores puedan permanecer con sus madres víctimas de violencia machista.Esta es una de las principales medidas de la reforma que tiene como objetivo "prevenir y reforzar la lucha contra la violencia en la infancia".También se reforzará la protección frente a los abusos sexuales, de los que en 2013 fueron víctimas 3.364 menores, según ha explicado el ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.Así, para ejercer profesiones que impliquen contacto habitual con niños será requisito no haber sido condenado por delitos contra la libertad sexual, trata y explotaciónLa vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha destacado que esta reforma, que modifica 12 leyes, supone "un importante avance" de la agenda social del Gobierno.Establece que la diferencia de edad entre adoptado y adoptante no podrá superar los 45 años y agiliza los procesos de acogimiento y adopción para favorecer que los niños, especialmente los de menos de 3 años, permanezcan con una familia.En la actualidad hay casi 35.000 menores bajo tutela o guarda de las administraciones, de los que 13.400 están en residencias, a la espera de una familia.Define por primera vez las situaciones de desamparo que darán lugar a la retirada de la tutela, que pasará a la administración y, una vez superados dos años, sólo el Ministerio Fiscal podrá impugnarla, no los padres biológicos.La guardia voluntaria (la que solicitan los padres a la administración) se limita a dos años para evitar que estas situaciones se hagan crónicas.La reforma primará las soluciones familiares frente a las residenciales, las estables frente a las temporales y las consensuadas frente a las impuestas, y en el caso de que haya varios hermanos, se procurará que permanezcan juntos.El Ejecutivo refuerza el derecho de acceso a los orígenes de los adoptados, de manera que las entidades públicas asegurarán la conservación de la información durante al menos cincuenta años, y contempla la posibilidad de que el menor en adopción mantenga algún tipo de contacto son su familia biológica a través de la fórmula de la "adopción abierta".Se establecen tres tipos de acogimiento para menores de edad.El de urgencia, para menores de 6 años y que no puede durar más de seis meses; el temporal, que no se puede alargar durante más de dos años y se aplicará cuando se considere que el menor va a poder volver a su familia de origen o si se encuentra en proceso de adopción y es conveniente que empiece convivir con la familia que le va a adoptar; y el permanente, cuando no es posible que el menor vuelva con su familia.La reforma, por otro lado, incluye un catálogo de deberes en la esfera escolar, familiar y social y el conocimiento de sus derechos y deberes se implantará a través del sistema educativo, recogiendo de forma expresa la necesidad de evitar el acoso escolar.El Gobierno también ha modificado la Ley de Protección de Familias Numerosas para asegurar que éstas conserven el título mientras al menos uno de los hijos tenga menos de 21 años o 26 si está estudiando.Organizaciones vinculadas con la infancia han valorado este Plan.Así, Save the Children, ha destacado la introducción del interés superior del menor como principio sustantivo de la legislación y el reconocimiento de los menores como víctimas de violencia de género.Por su parte, Unicef ha reconocido como "muy importante" que se incida en el "acogimiento familiar" sobre el de tipo residencial, pues es preferible que el niño que no pueda estar con sus padres viva en un ambiente lo más parecido posible.En el ámbito político CiU ha advertido de que los nuevos proyectos de ley representan una "clara amenaza" para las competencias que tiene atribuidas la Generalitat en materia de adopciones internacionales.

Fuente: periodico ;El pais;